Acuerdo de Escazú y sus contradicciones

Un pilar fundamental del acuerdo de Escazú es la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, quienes a menudo enfrentan amenazas y violencia en la región.

La pregunta, es como el Estado cumplirá las dos funciones a la vez, una proteger a los defensores ambientalistas y a la vez sacarlos del camino porque entorpecen el desarrollo capitalista, extractivista y colonialista.

¿Serán realmente protegidos por el Estado?, tomando en cuenta la maquinaria judicial, comunicacional, la militarización del wallmapu, que unidos a otros factores como los testigos sin rostro, largos periodos de prisión preventiva para comuneros sin pruebas y falsos testimonios, allanamientos ilegales a comunidades, encarcelamiento de autoridades ancestrales, persecusión a dirigentes mapuche.

La capacidad del Estado de crear montajes judiciales, que con el correr del tiempo los involucrados son absueltos sin pruebas, llegando incluso a los asesinatos como es el caso de Macarena Valdéz, Rubén Collio y Nicolasa Quintreman, muertos en extrañas circunstancias.

Y el caso que horrorizó a todos y todas, Julia Chuñil, que según se supo por un audio hecho por Juan Carlos Morstadt a su padre, que a Julia Chuñil la habían quemado.

La familia de Julia Chuñil denuncia que nuevamente son víctimas de la prensa nacional, la fiscalía y las policías, quienes estarían impulsando un nuevo montaje para incriminar a sus propios hijos en la desaparición de Julia. Señalan que Canal 13 difundió un reportaje en el que se muestran sus identidades y se les acusa sin pruebas, basándose únicamente en supuestos “testigos protegidos”.

A esto le sumamos ataques de militares a un ngillatuwe con intervención de un helicoptero, el asesinato del comunero mapuche Jordán yempi por parte de dos infantes de marina el 3 de noviembre de 2021 en Cañete.

Es imposible dejar al gato cuidando a la carnicería, la tentación es enorne.

Los familiares de la defensora territorial mapuche, Julia Chuñil, deben recibir protección inmediata por parte del Estado chileno, concluyó el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, en respuesta a una solicitud. Es la primera vez que el tratado regional insta a un Estado signatario a tomar medidas de protección.

Una reciente publicación de International Service for Human Rights (ISHR), dio a conocer, a casi un año después de la desaparición de Julia Chuñil, defensora mapuche de los derechos humanos en asuntos ambientales, que el Comité de Apoyo a la Implementación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú ha reconocido la urgente necesidad de proteger a sus familiares, quienes han expresado reiteradamente su preocupación por su seguridad desde su desaparición.

La publicación de ISHR, destaca que Chuñil fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2024 cerca de su casa, en las cercanías de la comuna de Máfil, en el sur de Chile. Empezó la lucha por la recuperación de su territorio en 2015, liderando a su comunidad al cuidado de los animales y la conservación del bosque nativo. Había sufrido reiterados actos de acoso e intimidación por parte de un empresario local que pretendía apropiarse de sus tierras, así como de otras personas presuntamente pagadas por él.

Hasta la fecha, se desconoce el paradero de Julia Chuñil. ISHR también resalta en su publicación que, desde su desaparición, sus familiares denunciaron una investigación ineficaz por parte de las autoridades locales, marcada por prejuicios contra el grupo mapuche del que forman parte. Las autoridades nacionales, según afirman, han tardado en tomar medidas para protegerlos de las mismas amenazas que pesaban sobre Chuñil, incluso poniendo en duda si su destino podría estar vinculado a su activismo ambiental y su liderazgo indígena.

Éste 8 de noviembre la familia llama a movilizarse en todos los territorios, a un año de la desaparición de Julia Chuñil.

Ante la inacción de las autoridades, Pablo San Martín Chuñil, hijo de Julia, solicitó al Comité de Apoyo a la Implementación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, el cual concluyó que existen pruebas de intimidaciones, amenazas y estigmatización contra la familia de Julia y, por lo tanto, decidió activar su mecanismo de respuesta rápida para obligar al Estado a actuar.

El Comité aceptó la petición y en una comunicación publicada el 22 de octubre, instó a Chile a tomar medidas cautelares inmediatas para garantizar la seguridad de los familiares de Julia Chuñil.

“Nos encontramos conformes con la resolución internacional que demuestra lo que venimos diciendo y confirma el maltrato constante que hemos vivido y la criminalización que nos están realizando como familia. Ojalá el Estado escuche y las cosas cambien”, señaló Pablo San Martín Chuñil, hijo de Julia Chuñil y principal solicitante ante el Comité, destaca ISHR.

ISHR y Fundación Escazú apoyaron a Pablo San Martín Chuñil en su proceso de petición.

El artículo 9 del tratado obliga a los Estados a proteger a las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. En respuesta a la petición de Pablo San Martín Chuñil, el Comité de Apoyo a la Implementación y el Cumplimiento determinó que las autoridades chilenas incumplieron este artículo, lo que marca la primera vez que se activa el mecanismo de respuesta rápida del Acuerdo de Escazú para obligar a un Estado firmante a actuar.

“Ciertamente el Estado ha abandonado sus obligaciones y la necesidad de recurrir a nivel internacional ha sido imperiosa. La familia ha vivido hostigamientos respecto de los cuales hoy las autoridades al menos deberán responder. Deberán cumplir con una de las recomendaciones claras del comité que es prevenir, investigar y garantizar la no repetición de cualquier forma de hostigamiento policial, penal o judicial contra la familia inmediata de Julia”, indicó Karina Riquelme Viveros, abogada de los familiares de Julia Chuñil.

El Comité solicitó al Estado chileno que le proporcionara una actualización escrita detallando los avances en la promulgación de medidas de protección para los familiares de Julia Chuñil a más tardar el 10 de noviembre.

“Esto debe ser el inicio de pasos concretos para esclarecer la desaparición de Julia Chuñil y para alcanzar justicia en este y en otros muchos casos de desaparición forzada de personas defensoras en asuntos ambientales. Instamos al Estado Chileno a que responda a la solicitud de información en los tiempos establecidos por el Mecanismo y que adopte las medidas necesarias para la protección de los familiares de Julia”.

Justicia para Julia Chuñil.

8 de noviembre, todos los territorios ha movilizarse.